Nota 371: ACERCA DE LA EXPROPIACION VENEZOLANA DE FÁBRICAS ARGENTINAS.

Chávez y el gobierno venezolano tienen derecho de estatizar empresas. Partiendo de esa autodeterminación, el gobierno argentino tiene la obligación de defender una compensación justa y vigilar que la decisión venezolana no haya sido discriminatoria. Y si se trata de una relación fraternal y de reflección conjunta, ambos advertir el rol de la decisión en la estructura de la producción y el comercio internacional del sector siderúrgico.
Una fase de internacionalización de empresas nacionales requiere de un Estado, el argentino, vigilante de los derechos de las mismas. Eso hacen China, México, España y un caso paradigmático, Brasil por el petróleo y gas en Bolivia. La participación progresista, en una economía internacional globalizada, no pasa por comprometerse con otra cosa que no sea disuadir la discrecionalidad y el irrespeto a las normas.
La señal, de cualquier manera, que pasa el gobierno argentino es a la inversa lo que contrae cualquier decisión de expansión de nuestras empresas y por lo tanto una inserción internacional más provechosa para el País. Es que es imposible pensar que una semana antes Chávez, en su estancia en la Argentina, no haya anticipado a la Presidenta la decisión que iba a tomar. Ella debe decir si esto ocurrió o no y mi apuesta es que si ocurrió y no hicieron lo que debían. De nuevo los comandó el infantilismo imaginando juegos revolucionarios en otro país, y a costa del nuestro, en caminos que no se animan a seguir por que están al servicio de la burguesía más retrograda y parasitaria en uno de los mas corruptos capitalismo, el nuestro.
Mi amigo Carlos Heller, según lo que recoge la prensa hoy, acompaña la decisión venezolana en función de su proyecto de socialismo del Siglo XXI. Lo que ocurre es que si pensamos en término de relaciones intercapitalista (y de eso se trata) el prisma no debería ser el interés venezolano sino el argentino el que atendamos. Cuando miraba esa naturaleza de los vínculos internacionales el propio Lenin decía que no se puede estar contra la burguesía propia sin estar con la burguesía extranjera. O acaso en Venezuela no hay una burguesía emergente lo que está bien además de sus medidas de distribución del ingreso, salud y educación.
Además, y en tanto el afectado es un grupo empresario de un país periférico (Argentina), la decisión venezolana y la debilidad de la política exterior argentina (por que no advierten la división internacional de las especializaciones en el terreno siderúrgico) objetivamente están al servicio del imperialismo. Los empresarios japoneses y norteamericanos del sector están contentos.
Recomiendo al Gobierno que estudie la acción de la diplomacia comercial de Alfonsín cuando el gobierno de Reagan imponía sanciones a nuestras exportaciones de caño sin costura y en beneficio de sus empresas, las norteamericanas, alterando las normas del comercio internacional. Entonces entenderá por donde pasa el progresismo en este espacio como opción del capital no parasitario y de la producción y el trabajo argentinos. Y cómo se defienden los intereses nacionales
Para no caer en el juego de la derecha, desechada la opción k como enfermedad infantil del progresismo de papel, respetemos, aunque no compartamos, la decisión venezolana y promovamos la compensación justa por la expropiación y que no haya habido discrecionalidad además del acto soberano en si mismo. Entonces el amplificador lo pongo en estas dos últimas cosas inherentes al interés nacional. El problema no es Chávez. Es Kirchner que no puede encuadrar su visión de compatibilizar los intereses de lo que defendía con la Resolución 125 con los que están en juego en este caso. Inconsistencia ideológica y falta de idoneidad.