NOTA 483: LA PRESIDENTA MIENTE Y AGRAVIA. "El Primer Gobierno democrático avaló la deuda ilegítima"

Raúl Alfonsin toma juramento a Bernardo Grinspum como Ministro de Economía y rodeado por Roque Carranza, Ricardo Campero, Germán López, Carlos Alconada Aramburú, Antonio Mucci, Aldo Neri, Raúl Borrás y Victor Martinez.
Es mentira la imputación presidencial que el gobierno de Alfonsín avaló la deuda de la dictadura. Algunas apreciaciones a modo de introducción: El tema no puede considerarse al margen de las condiciones económicas y diplomáticas de la post dictadura y a un año y medio de la guerra de Malvinas y sus implicanciancias en los mercados mundiales. La Presidenta no puede desconocer la actitud del gobierno constitucional ni el de otros actores políticos entre ellos su Partido. Argentina debe cumplir sus compromisos internacionales y de un modo urgente resolver la crisis para ganar, entre otras cosas, en respetabilidad. Insisto en la necesidad de apurar consensos y a lo que este gobierno no ayuda. Además, agravia sin sentido y miente sin mirar al interior de su existencia política.

Y no solo falta a la verdad sobre la sustancia política de la cuestión en la cual es central revisar el rol de su Partido que obtuvo un importante caudal electoral en 1983, dirigía los sindicatos y tenía mayoría en el Senado de la Nación.
Tiene que tener en cuenta las condiciones económicas al 10 de diciembre de 1983 caracterizada por una brutal herencia recibida y la crisis internacional más grave de la historia para América Latina inclusive la reciente. En ese contexto se diseñò la estrategia sobre la deuda y la recomposición de condiciones mínimas para que pueda funcionar la economía. Además nuestro Gobierno atacaba otros frentes, como el sensible de los derechos humanos y la democratización sindical (fuertemente resistida por una burocracia que jamás perdonó la iniciativa, la denuncia del pacto sindical militar y el carácter radical del Gobierno). La pacificación con Chile y la recuperación de un vínculo serio con el mundo. Finalmente, las consecuencias económicas de la Guerra y muy poco estudiada.
Se abordó la cuestión desde la premisa que gran parte de la deuda heredada era ilegítima y se atacó en dos frentes. Por un lado, ante la inexistencia de registros mínimamente consistentes y suficientes de la deuda contraída y el virtual vaciamiento institucional del Banco Central (cuando no, la infiltración de sus líneas con funcionarios afines a los grandes estudios jurídicos y consultoras de la banca extranjeray luego de actualizar los registros de deuda sobre la base de declaraciones de los acreedores), se procedió a instrumentar un requerimiento de declaración de deudas relevadas a los deudores (Resolución Nº 340/84 y subsecuentes), con el propósito de auditar su consistencia con las declaraciones de originación de esas obligaciones ya provista por los acreedores y con la acreditación de los movimientos de ingreso de las respectivas divisas al país. Y bajo apercibimiento de suspender y eventualmente cancelar toda disponibilidad de cambio (cabe recordar que se había implementado un régimen de control de cambios) sobre aquellas obligaciones que no guardaran perfecta consistencia de origen y evolución entre las informaciones declaradas por las partes. La auditoría de las declaraciones de partes y el análisis de consistencia constitutiva de esas obligaciones hubiera permitido un primer análisis de su legitimidad y lo que fue un paso inédito en la historia económica nacional.
El otro, más vinculado a la deuda pública, aunque más difícil de constatar, iba a estar vinculado con la legitimidad de afectación de las obligaciones, es decir, con el destino de los fondos tomados, especialmente las obligaciones contraídas por Empresas del Estado Nacional sin adecuada contrapartida de equipamiento real. La correlación social de fuerzas, la erosión política por la alta inflación y la falta de capacidad de concertación en el entonces denominado frente nacional facilitaron las condiciones que obligaron a revertir lo actuado en el Banco Central abortándose la iniciativa de auditoría prevista en las Empresas Públicas. Se opto por poner énfasis en la política antiinflacionaria atendiendo esa correlación de fuerzas y el Plan Austral.
Por otro lado, tambiien, desde el Ministerio de Economía se inició un proyecto de Ley para un impuesto a los beneficiados por el endeudamiento. Esto aún contra el feroz lobby que significaba la resistencia corporativa conjunta de la UIA, las corporaciones internacionales y el sistema bancario nacional (el entonces Presidente de ADEBA llegó al descaro de hacerle saber al Ministro Grinspum que iban a agotar los medios de presión contra su gestion), fuertemente beneficiados por los grandes subsidios directos que terminaron siendo los seguros de cambio. Técnicamente era uno a la instrumentación documental de dichos pasivos (había quedado pendiente de la gestión anterior la emisión de los pagarés y títulos de deuda respectivos) y se esperaba recaudar alrededor de U$s 7.0 mil millones (unos U$ 15 mil millones a valores actuales) y que hubiera revertido los efectos de la estatización de esas deudas. Implementada por Domingo Cavallo como Presidente del Banco Central de la dictadura, electo luego Diputado por el PJ y Ministro de Menem. Todo esto tuve en cuenta, por otra parte, para oponerme a que sea de De la Rúa.
ENTONCES, DE ESTE MODO NO AVALAMOS LA DEUDA ESPUREA. Pienso que sería útil
que organismos de la característica del CONICET o un cluster de universidades con propósito específico relaten con precisión el quién es quien entre los beneficiarios de la nacionalización de la deuda y desde nuestra matriz. Hay que tener presente la historia y revelar lo desconocido por su vertiginocidad. Pero atentos a que recién renegociamos, que el País requiere unversiones y que no debemos ser los defaulteadores seriales del mundo. Y que la intrpretación política haga lo suyo.
Solo un frente monolítico hubiera posibilitado una empresa como esta y que no se pudo por la actitud del Partido de la Presidenta que cabalgaba sobre la alta inflación y su efecto en la política democratizadora. Diego Guelar, entonces Diputado del PJ era un sistemático opositor, inclusive por izquierda y como vocero de su bancada. El actual dirigente del Pro era uno de los dueños del Banco del Oeste recordado en la plaza financiera por sus escándalos. Como lo fue Manzano, hoy empresario exitoso y dueño de una gran multimedia, cuando como Presidente de esa bancada rechazó la propuesta de concertación de Alfonsín de Parque Norte y que es la única opción que tiene nuestro pueblo, la de la unidad nacional, para completar tareas como la entonces emprendida e interrumpida por fracturas que aprovecharon nuestros enemigos.
Desde el punto de vista social, soy un firme convencido que la burguesía que expresa el peronismo acumuló desde la deuda externa luego de la inflación y la audacia.
Desde allí la propensión al filtreo con el establishment (las remanidas relaciones carnales). Ese flujo ininterrumpido de nombres que nada tienen que ver con lo nacional y popular: Guelar, María Julia, Albamonte, Adelina de Viola, Cavallo, Cárdenas (el banquero, Presidente de ADEBA, Embajador de Menem en la ONU y sistemático opositor nuestro), Redrado y otros. Lejos, muy lejos, del Perón con Balbín, Gòmez Morales, Cafiero y hasta Luder y Bitel.
Ante la insinuación soez de la Presidenta nosotros recordamos a Bernardo Grinspun, el Ministro de la Patria. Un nombre en el sentido de nuestro flujo y en línea con Raúl Alfonsín y para mirar adelante, por un desarrollo con inclusión territorial y social. Por la modernización, por la innovación. Respetada por el mundo.
VER.
Nota 472. LA BRUTAL HERENCIA ECONOMICA RECIBIDA POR EL GOBIERNO DE ALFONSÍN. Y CLAVES PARA ENTENDER LA CONJURA NEOLIBERAL. LA NUEVA CONTRADICCIÓN.
Nota 285: LA INICIATIVA ALFONSÍN DE PARQUE NORTE DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1985.